Durante mucho tiempo, las posiciones en favor de la legalización de las drogas se han mantenido en un territorio alternativo, casi marginal, siendo ignoradas de forma sistemática por los medios de comunicación dominantes. 

Precisamente por ello resulta tan sorprendente la reciente proliferación de informaciones y artículos de opinión abogando por un cambio en el modelo represivo tradicional.

Dirigentes políticos jubilados, que a lo largo de su mandato se destacaron por su particular beligerancia contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, sorprenden ahora proponiendo la liberalización del narcotráfico como solución a diferentes problemas sociopolíticos.  Entre todos ellos destaca la opinión del ex presidente Felipe González, bajo cuyo gobierno se aprobó la Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Corcuera”, en virtud de cuyo artículo 25 se persigue el consumo de hachís y marihuana mediante multas administrativas.

No analizaré aquí ni los pros ni los contras de la legalización de las drogas. Esta es una página sobre nuevas tecnologías, y sólo desde dicha perspectiva me interesa el fenómeno.  Muy especialmente por el floreciente negocio que en Holanda han venido desarrollando los proveedores de hosting  y de otros servicios relacionados con Internet,  dando salida electrónica a los semilleros y coffeeshops de la ciudad de Ámsterdam.

O todos moros, o todos cristianos.  Imagino que cuando Felipe González propone legalizar la producción, tráfico y consumo de drogas no estará pensando únicamente en Marruecos, sino también en su Al Andalus natal, una tierra donde las raíces de cannabis contribuirían poderosamente a evitar la desertificación.   Y cuando digo Al Andalus, me refiero a todos y cada uno de los territorios a los que llegó Almanzor.

Ignoro cuál es el coste sanitario y social que conllevaría la legalización, un tema a discutir con carácter previo a cualquier otra consideración.  Pero últimamente todas las leyes que proceden de nuestro Parlamento son impulsadas a medida de los sectores económicos implicados, como demuestra el proyecto de Ley de Economía Sostenible.  Y desde esa estricta perspectiva económica, es fácil imaginarse los beneficios de tal medida para la economía nacional en general, y para Internet en particular.

Cuando una conducta deja de ser ilegal o sale del limbo jurídico (como en el caso del juego online, por ejemplo), no existe tejido industrial ni comercio minorista: el desarrollo de una red comercial lleva mucho más tiempo que el necesario para aprobar una ley.   Y ya tenemos suficiente experiencia en comercio electrónico para saber quién ocupa de inmediato los nichos de negocio que deja libres el comercio tradicional.

Entre cárceles, policías y jueces, el erario público puede ahorrarse los buenos miles de millones de euros que vienen siendo generosamente destinados a la represión del narcotráfico. Por el camino, los ahorros en mordidas y sobornos varios también pueden contribuir poderosamente a la economía nacional, taponando pozos de corrupción.  Para desarticular una mafia, nada como el libre mercado: el dinero negro se reconvertiría en impuestos sobre las labores del cáñamo.  Y con todo ello, no dudo que nuestras administraciones públicas pueden plantearse un ambicioso programa de subvenciones para los sectores productivos implicados, a saber: agricultura, turismo rural y servicios de Internet. 

Como todas las decisiones trascendentales para el futuro de un país, debería someterse a referéndum esta propuesta cañamera.   Quizás todo se convierta en humo en contacto con la realidad, pero hasta los sueños más delirantes -inducidos o no por el cannabis- pueden ser preferibles a la pesadilla diaria de cuatro millones de parados.

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