Como es costumbre con el Congreso de la República, los temas polémicos o que implican posiciones morales no tienen feliz término. Así estuvo a punto de ocurrir con el proyecto de ley que da vía libre a la legalización del uso medicinal y científico de la marihuana, que el semestre pasado, al momento de su segundo debate en la plenaria del Senado, tuvo que ser retirado por su autor, el senador liberal Juan Manuel Galán, cuando vio que el quórum hacía agua.

El objetivo era darle otra oportunidad a la iniciativa y, por eso, Galán acaba de radicar la ponencia una vez más, con modificaciones de fondo amparadas, según dice, en evidencias científicas y contando con el respaldo abierto del presidente Juan Manuel Santos. Se trata de un debate cuyo fondo es mejorar las condiciones médicas de personas que padecen dolencias como fibromialgia (dolores musculares y fatiga), dolor neuropático y dolor asociado con diagnóstico de cáncer. Además, hay estudios que plantean el potencial del cannabis medicinal en trastornos de los hábitos alimentarios y la nutrición, o patologías crónicas como anorexia, bulimia, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Esto no es una novedad. En el mundo ya hay países como Estados Unidos donde se usa la marihuana terapéutica en 25 estados y los resultados han sido evidentes. Y se sabe que en Colombia, ante la falta de normas claras, pero conscientes de los beneficios médicos, algunos padres de familia han tenido que recurrir al mercado ilegal del microtráfico para comprar la marihuana, extraer su aceite de forma artesanal y dárselo a sus hijos o familiares, sin tener claro las implicaciones de éste. 

Más allá de los beneficios médicos, es claro que el Congreso ha sido incapaz de reglamentar temas que ya están en la Constitución o que la Corte Constitucional lo ha instado a hacerlo, como ha ocurrido con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la práctica del aborto y la eutanasia. En este caso, el uso medicinal de la marihuana es legal, pues la Constitución -en el artículo 49- permite el porte y consumo de sustancias estupefacientes, siempre que exista prescripción médica. La necesidad es encontrar la fórmula para reglamentarla.

Por eso, para evitar un nuevo traspié, se busca que el gran aliado sea el presidente Juan Manuel Santos, quien sobre este tema ha señalado: “Vemos con buenos ojos la iniciativa sobre la utilización terapéutica de la marihuana, la entendemos como una medida práctica para reducir el dolor de los pacientes con enfermedades terminales”. Manifestaciones similares han dado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el de Justicia, Yesid Reyes. Además, la radicación de la nueva ponencia se dio con la firma de miembros de casi todos los partidos políticos. Presidente, ministros y lobby con congresistas, parece ser la fórmula de la aprobación.

Ante las posiciones radicales que señalan que el uso terapéutico de la marihuana sería abrir la puerta para la legalización total de la droga, la idea con estas modificaciones es dejar el discurso moralista de lado y basar la defensa del proyecto en los comprobados beneficios médicos, amparados en el diagnóstico de organizaciones académicas internacionales, los ministerios de Justicia y de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Luego de varios debates de la mesa de trabajo interinstitucional se logró resolver uno de los asuntos que más temor genera: su manejo y regulación. El monopolio estará en manos del Estado, que “asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, para lograr el acceso y proteger a los pacientes de enfermedades crónicas o terminales”.

Además, para blindar a los niños de un posible acceso irregular a la marihuana, se incluyó un artículo que contempla que cuando el paciente sea menor, sus padres o tutores deben conocer los riesgos y beneficios de uso y autorizar o negar la utilización de productos terapéuticos con componentes psicoactivos.

Otro tema que ha sido transversal en la discusión es el costo que podrían tener los medicamentos derivados de la marihuana y la posibilidad de que se termine por esta vía favoreciendo a las empresas farmacéuticas. Por eso, en las reformas al articulado queda claro que no se creará ningún tipo de impuesto adicional y serán las empresas las que soliciten participar en las cadenas de producción y distribución de los medicamentos, las cuales pagarán tarifas y contribuciones para garantizar su autosostenibilidad, es decir, que la persona que esté interesada en lucrarse con esto tendrá que pagar de su bolsillo.

Un debate de complejo calado en el que están implicados planteamientos moralistas, la necesidad médica y el giro del Gobierno en la política de drogas. Ya los congresistas tienen el proyecto en sus manos y como señala el senador Juan Manuel Galán: “Si tenemos que ir presentando a cada uno de ellos la evidencia de los beneficios de la marihuana para uso terapéutico, que es una realidad incuestionable, lo haremos”. Será ahora en los tres debates pendientes donde se demostrará si el Legislativo tiene la capacidad de regular estos espinosos temas.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.