Las asociaciones reciben con optimismo la propuesta de Salut, pero abogan por un enfoque «más ambicioso» para regular el sector

Con moderada satisfacción. Así han acogido las principales asociaciones de clubs cannábicos de Catalunya la propuesta del Departament de Salut para ordenar la actividad de estas entidades. Satisfacción, «por los dos años de lucha y negociaciones con las autoridades» para que se establezcan «unas bases» en torno a un sector que hasta ahora permanecía en un «absoluto limbo jurídico», según expone Ángel Benito, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autoreguladas de Catalunya (Fedcac). Moderación por cuanto habrían preferido que la propuesta hubiera sido «más ambiciosa», englobando otras cuestiones relacionadas con otros departamentos, no solo relacionadas con el ámbito de la salud pública.

Jaume Xaus, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), considera un «gran avance» que el sector pase a estar considerado por las autoridades a partir de la perspectiva aportada por Salut Pública, si bien considera que queda un «largo camino por recorrer», dado que los criterios presentados ayer a la Cámara catalana no reflejan muchos aspectos importantes para una regulación transversal y efectiva de las entidades de autoconsumo. Cuestiones que ya figuraban en la batería de propuestas y el código de buenas prácticas que le hicieron llegar a la Generalitat.

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«Hay dos aspectos fundamentales para velar por el buen funcionamiento de los clubs y evitar problemas legales: el cultivo y el transporte del cannabis», expone Xaus. «Nosotros auditamos nuestras plantaciones con un perito agrónomo para demostrar que lo que se cultiva está en concordancia con la demanda de los socios del club, para dejar claro que no hay lugar a la especulación», afirma Benito. Un esfuerzo que resulta estéril si no se especifica de qué forma debe controlarse y un resquicio en el que se amparan los clubs que no observan ese rigor.

POSIBLE DISCRIMINACIÓN

Transporte y cultivo, dos de los aspectos pendientes de resolver cuyo futuro resulta más impredecible por una cuestión competencial, al dejar en manos de los ayuntamientos la regulación efectiva en la materia. «Nos preocupa porque se pueden dar prácticas discriminatorias, como que en Castelldefels [gobernado por el PP] se plantee una distancia de más de un kilómetro del club a centros educativos y sanitarios, mucho más grande que la del municipio de al lado», detalló Xaus.

En este punto incide Amina Omar Nieto, del despacho Nieto y Povedano, que destaca la ausencia de un «caracter normativo y vinculante» en el documento de Salut, dejando la potestad reguladora a los ayuntamientos. «En vez de emplear criterios orientadores, debería haberse creado una ordenanza tipo, para tener criterios más uniformes y servir a consistorios que no van sobrados de recursos para esta tarea reguladora», expone la letrada, cuyo despacho representa a más de un centenar de clubs de España. Y a efectos prácticos, «los trámites burocráticos» harán que la ejecución efectiva sea «de al menos seis u ocho meses».

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Los clubs tiran de optimismo y esperan que la propuesta de crear un registro específico municipal sea la base para una verdadera regulación. «No ayuda nada figurar en la misma lista que los testigos de Jehová o las peñas del Barça. Está claro que no tenemos nada que ver», argumenta Benito.

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