Un despacho de abogados está preparando una demanda contra el Estado por «incumplir su obligación de garantizar el acceso al cannabis» durante el confinamiento provocado por el coronavirus.

El cerca de medio millón de personas que utilizan cannabis como uso terapéutico en España se han visto obligadas a recurrir al mercado negro o bien a adquirir opiáceos y otros analgésicos en la farmacia para paliar su dolor. El motivo es la clausura de los más de 1.000 clubes canábicos que operan en nuestro país y que han sido «ignorados» por el decreto de alarma del pasado 15 de marzo, dejando desatendidos a estos enfermos y a otros dos millones de usuarios del cannabis y sus derivados en el país.

Ahora, un despacho de abogados con sede en Mallorca y Barcelona, DMT Advocats, está preparando una demanda contra el Estado por «incumplir su obligación de garantizar el acceso al cannabis», según explica a La Mota Martí Cànaves, abogado especializado en derechos humanos y en la defensa del libre acceso a las plantas medicinales:

«El acceso al cannabis es un derecho y el Estado está obligado a garantizarlo. Si no lo garantiza, incumple unos derechos fundamentales, y genera unos perjuicios a los usuarios, principalmente a los medicinales. De hecho, estamos estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra estas personas que están impidiendo que tengan acceso al cannabis».

La demanda se va a presentar en diversos juzgados con la intención manifiesta de crear un precedente jurídico y abrir la puerta a una reforma legal. Martí Cànaves recuerda que fue la reclamación de un usuario de cannabis medicinal ante el Tribunal Supremo de Canadá la espita que inició la legalización de la planta en aquel país. Un caso similar podría darse en España.

«El movimiento cannábico siempre ha ido a la defensiva y es hora de tomar la iniciativa. Creo que la iniciativa pasa por exigir, no rogar, a los políticos que nos respeten y exigirles responsabilidades», explica el letrado.

El cannabis, servicio esencial

A principios del mes de mayo, Cànaves, en su condición de representante legal del club de consumidores de cannabis de La Garriga, en Barcelona, presentó una reclamación a la consejería de Salud de la Generalitat, a través del Ayuntamiento, para que el despacho de cannabis fuera considerado un «servicio esencial» durante el estado de alarma. A día de hoy (20 de mayo), la demanda no ha recibido respuesta por parte del gobierno catalán pero cuenta con el apoyo de la alcaldía de La Garriga.

Durante la fase 0 del estado de alarma, la más restrictiva y que sigue afectando a la mitad del territorio nacional, incluyendo las ciudades de Madrid y Barcelona, «casi todos los clubes cannábicos han estado cerrados», según Cànaves, por dos motivos principales: «El primero, por responsabilidad, dada la situación sanitaria, y el segundo por miedo, ya que se han producido detenciones y aprehensiones por parte de las fuerzas del orden durante este período», apunta el abogado.

La reclamación del cannabis como “servicio esencial” viene acompañada de un escrito del psicólogo David Pere Martínez, coordinador de la Unidad de Política de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que se detallan los perjuicios a los que se exponen los consumidores de cannabis durante el estado de alarma: el agravio frente a fumadores de tabaco y bebedores, a quienes el decreto ha garantizado el acceso a estas sustancias; abocar a los consumidores de cannabis al mercado negro y, finalmente, merma de su salud mental y de su calidad de vida:

«La falta de cannabis, especialmente en consumidores terapéuticos, provoca una merma de su calidad de vida. Merma que no ha afectado a pacientes que emplean antidepresivos, ansiolíticos u otros tipos de fármacos. Negar el acceso al cannabis a las personas que han optado por el cannabis para mitigar sus dolencias es negarles la calidad de vida».

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