Los verdes, socios del gobierno de Hollande, han lanzado un proyecto de ley para evidenciar la falta de resultados de la actual política represiva.

Los ecologistas franceses, socios del gobierno de François Hollande, han decidido relanzar el debate sobre la legalización del cannabis con un proyecto de ley que aunque no tiene posibilidades de salir adelante pretende poner en evidencia la falta de resultados de la actual política de represión. El proyecto de ley para “autorizar el uso controlado del cannabis”, que debería ser examinado en unos meses en el Senado, es una iniciativa firmada por once de los doce miembros del grupo ecologista en la cámara alta y cuya ponente, Esther Benbassa, admitió hoy que su intención es “suscitar debate”.

“Hay que abrir el debate en la sociedad” en un país como Francia donde, aunque hasta el consumo está prohibido, hay dos millones de consumidores y su número crece, explicó Benbassa a Efe. El texto se presenta como un marco para que luego el Consejo de Estado determine por decreto las características de las plantas y de los productos derivados autorizados, así como las cantidades que podrían tener los vendedores y los consumidores y los canales de distribución.

La senadora ecologista dijo haber recibido peticiones de farmacéuticos para ser ellos los que comercialicen los productos derivados del cannabis que se autorizarán, y avanzó que aunque en su proyecto no se decanta por ninguna opción “tal vez se podría utilizar el modelo de los estancos”. El Ministerio de Sanidad se encargaría de determinar la concentración máxima del principio activo de la droga, el THC, así como las indicaciones que acompañarían los productos elaborados con hojas de marihuana.

Según la propuesta de Benbassa, la venta seguiría estando prohibida para los menores, y la legalización debería ir acompañada de un importante dispositivo preventivo, que implicara a los profesores, sobre los efectos dañinos de la drogadicción para los jóvenes. Según su análisis, si el cannabis estuviera autorizado, las actuales redes ilegales de tráfico se verían económicamente penalizadas, y eso haría más difícil su pervivencia, y en consecuencia el aprovisionamiento de los menores.

En cuanto al resto, dijo que “los mayores que quieran consumir (…) son responsables” y no deben tener restricciones, más allá de las que pueden existir por ejemplo para conducir vehículos. La senadora ha calculado que autorizar el cannabis generaría 35 mil empleos y permitiría al Estado ahorrar mil millones de euros por los costos de la represión y la judicialización del consumo y el tráfico de este estupefaciente. “La represión, muy importante en nuestro país, no ha dado resultados. Los vendedores trafican a la vista de todo el mundo y nunca ha habido tantos consumidores”, comentó.

Dijo también que se ha inspirado de otros ejemplos que existen en el mundo y, preguntada sobre el caso de Uruguay, respondió que “es demasiado avanzado para nosotros, para Europa”. El ministro francés del Interior, Manuel Valls, ha repetido en múltiples ocasiones que se opone a cualquier liberalización del consumo de cannabis, porque a su juicio sería una señal equivocada, en particular en dirección de los jóvenes.

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