El prohibicionismo ha demostrado no ser eficaz para el objetivo de encontrar el punto justo en el binomio libertad/seguridad

Esta nueva era Trump que iniciamos parece caracterizarse por apelar al simplismo y las soluciones mágicas. Quizá conviene recordar que la complejidad y la racionalidad son las mejores herramientas para tomar decisiones. Ante este –ya demasiado largo– debate sobre si hay que regular o prohibir el cannabis en nuestro país, olvidamos lo fundamental: optar por no regular no hará desaparecer ni el consumo ni el cultivo ni la venta del cannabis. La prohibición lo que provoca es la des-regularización de los mercados a manos a organizaciones criminales. No es realista imaginar una sociedad sin drogas (no se ha dado nunca en la historia de la humanidad), y aún menos imaginar que por el hecho de prohibirlo desaparecerá. Por eso esta es una mirada mágica que, además, infantiliza a la ciudadanía.

Así pues, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál es la mejor manera de regular para encontrar el punto justo en el binomio libertad-seguridad que hay que asegurar? El Gobierno tiene el mandato de intentar preservar este complejo equilibrio, el control social debe tener como objetivo minimizar los daños posibles sin coartar la libertad individual.

MOVIMIENTO POR LA AUTOGESTIÓN

Es cierto que en los últimos años han crecido exponencialmente el número de cultivos y algunos negocios en torno a ellos; esto responde a un creciente movimiento cannábico –especialmente en Catalunya– que aboga por la autogestión. Esta situación es la que tenemos en nuestro país y no se puede obviar. El hecho de que hayan aumentado los delitos o las sanciones asociadas al mundo cannábico tiene que ver justamente con esta falta de regulación que coloca al entorno del cannabis en un universo de ilegalidad y, por tanto, de falta de control institucional.

La alternativa prohibicionista defendida por el Gobierno del Estado ha demostrado no ser eficaz. Los indicadores muestran que los problemas no son fruto tanto del efecto de la sustancia como de su estatus legal. En este escenario hay que preguntarse si las razones de fondo para no decidirse a avanzar en la regulación son ideológicas más que de salud. La pretendida objetividad científica cuando se habla de sus efectos también puede responder a juicios morales sobre cuáles son los comportamientos socialmente adecuados.

DIFERENCIAR LOS RIESGOS

Los riesgos en el consumo de cannabis existen, pero hay que diferenciarlos y matizar en función de la edad, el contexto y, sobre todo, la cuantía y continuidad del consumo. No podemos magnificarlos, porque corremos el riesgo de perder credibilidad ante la ciudadanía, especialmente entre los/las jóvenes. Por otra parte, ya hace tiempo que sabemos que, al igual que otros fármacos (que también son drogas), el cannabis tiene algunos beneficios terapéuticos que no podemos despreciar. Hay, pues, que optar por un modelo de regulación en el que la Administración vele por el interés general y no el de las grandes corporaciones pero que a la vez nos proporcione herramientas e información crítica, contrastada y adaptada a las diferentes edades que nos permita decidir sobre el propio consumo. ¿O es que el Estado considera a la ciudadanía incapaz de tomar sus propias decisiones?

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