El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo del Cannabis, promotor de la manifestación, elogia la ley catalana de asociaciones de consumidores, anulada por invadir competencias estatales

Este sábado discurre por las calles céntricas de Madrid una Marcha Mundial en favor de la regulación de la marihuana. Desde el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, impulsora de la misma, destacan como pionera la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis. El Tribunal Constitucional la anuló en septiembre del 2018 por invadir competencias del Estado.

“Creemos que el debate político se está abriendo y que asistimos a un momento importante para pacientes y usuarios con fines recreativos“, defendió, convencida de que la “política de prohibición es fallida y no consigue los objetivos que pretende” y que, por tanto, urge “solucionar los problemas que ha generado”.

También abogó por reformar las políticas relacionadas con este tipo de sustancias para colocar al usuario “en el centro” y evitar que se vea obligado a acudir al mercado negro para adquirirlas de modo que no se asegure “ni la calidad ni la trazabilidad de lo que consume”.

También incidió en la necesidad de garantizar la “transparencia” en la gestión de las alrededor de 1.200 sociedades cannábicas que hay registrados en España para que cumplan con su función de “proteger la salud pública e informar a los usuarios”.

La regulación de estas entidades, que cuentan con sus propios “códigos de buenas prácticas”, es, a su juicio, junto a la del autocultivo, el “primer paso para regular el cannabie”.

Tras defender “modelos sin ánimo de lucro, más beneficiosos para los usuarios y el conjunto de la sociedad”, reivindicó la imposición de unas “normas claras” y el “respeto” a los derechos y libertades de los consumidores pero rechazó la “liberalización” del mercado del cannabis.

A este respecto, aseguró que la regulación ayudará a prevenir el consumo de marihuana entre los menores de edad, evitará que colectivos “vulnerables” se vean obligados a acceder a estas sustancias en “lugares conflictivos” y facilitará que las entidades de prevención de los riesgos de consumo puedan promover “hábitos positivos de consumo”, como el uso de vaporizadores.

“No es una cuestión de drogas sí o drogas no, sino de que hay unas consecuencias de unas políticas que se ha visto que son fallidas”. “Se ha visto que es imposible erradicar el consumo de drogas”, insistió, al tiempo que instó a explorar la mejor vía para convertirlas en “menos perjudiciales para la sociedad y para la salud de los usuarios”.

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En 2014 los clubs sociales de cannabis de Cataluña empezaron un proceso de diálogo con la administración que acabó con unas recomendaciones de la Comisión de Salud, aprobadas en enero del 2015, además de mostrar el apoyo político a la regulación. Es en ese momento cuando se germinó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) La Rosa Verda. Se entregaron 67.500 firmas, de las que se validaron 54.980, lo que supone casi 5.000 más del mínimo exigido.

Esta ILP creció con una extensa ponencia en la que participó una amplia representación de expertos, trabajo que floreció en la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis. El proceso de esta ley destaca por su amplio consenso, con apoyo de asociaciones de usuarios, expertos, organizaciones de prevención de riesgos y los partidos políticos, lo que condujo a una amplia mayoría: de 127 diputados presentes, hubo 118 que votaron a favor.

Entre toda la actividad parlamentaria, se trata del texto legislativo más completo sobre el cultivo colectivo, por lo cual el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis ha decidido incluirla como anexo del libro recién publicado Autocultivo y uso del Cannabis en España. De la clandestinidad a la propuesta de regulación, del que son autores Héctor Brotons y Hugo Madera, miembros de la junta directiva del observatorio.

Aunque el Tribunal Constitucional la anuló en septiembre del 2018, por invadir competencias del Estado, “consideramos, por lo completa y consensuada, que puede ser una excelente base para la regulación del cultivo colectivo”, señalan desde el observatorio.

Los partidos se mojan

A final de 2017, todas las Comunidades Autónomas contaban con una Proposición No de Ley (PNL) o iniciativa similar registrada o aprobada sobre el cannabis, a las que se suman cuatro iniciativas nacionales a cargo de ERC, Ciudadanos, Podemos y PSOE, además de una ILP nacional, así como dos actos en el Parlamento durante el 2018, uno sobre la regulación integral del cannabis y otro sobre reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El 28 de mayo del 2017 se celebró una gran manifestación que convocó a cerca de 25.000 personas, con discursos de representantes políticos de los diversos partidos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), así como de artistas de primer nivel.

Multas y encarcelados

A pesar de que en España hay multas y encarcelados, el consumo de cannabis no disminuye, mientras que la sociedad paga un alto coste. La principal cuestión que ha de centrar el debate nacional no es la inocuidad del cannabis, sino si está justificado seguir aplicando multas y cárcel a sus usuarios y cultivadores.

Los expertos consideran que la norma que castiga penalmente el cultivo de cannabis es muy escueta y ambigua. El artículo 368 del Código Penal castiga a “los que ejecuten actos de cultivo que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de cannabis”. Por otro lado, la jurisprudencia, al aplicar este artículo con respecto al cannabis, considera que esta sustancia no causa grave daño a la salud y le aplica una pena de uno a tres años de prisión y multa del tanto al duplo del valor del cannabis.

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Actuación policial y judicial

La policía suele intervenir cuando observa o tiene indicios de que hay un cultivo, al igual que los jueces suelen dictar órdenes de entrada y registro. Sin embargo, no hay datos estadísticos de cuando se deniegan estas solicitudes.

En los más de 1.000 casos defendidos desde el estudio jurídico BROTSANBERT2, especialistas en temas relacionados con el cannabis, han existido absoluciones con hasta 7 kilogramos, incluso con 14 kilogramos cuando se realizan extracciones del cannabis. Una vez realizado un estudio en profundidad de la jurisprudencia penal existente en España en materia de cannabis, se encuentran condenas con solo 250 gramos, dependiendo del aprovisionamiento que se considere.

Alcohol y tabaco

La actual regulación también afectaría al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), por el agravio comparativo que sufren los cultivadores y usuarios de cannabis comparados con los consumidores de otras drogas, como el tabaco o el alcohol, señalan Héctor Brotons y Hugo Madera.

En 1997 se abre en España Houseplant, la primera tienda de cultivo. Pronto empiezan a abrir otros establecimientos. La explosión llega en 1999, cuando Juan Carlos Abellán abre en Barcelona L’Interior Growshop y empieza a declarar la venta de semillas de cannabis y pagar los correspondientes impuestos, incluyendo el IVA.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.

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