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Los canadienses tendrán que esperar: la legalización de la marihuana se retrasa

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El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha esgrimido la regulación del cannabis como una de sus propuestas prioritarias desde antes de llegar al poder. Su Gobierno anunciaba el año pasado que había comenzado a trabajar para reformar la legislación, y el Grupo de Trabajo sobre la Legalización y Regulación del Cannabis publicó a finales de noviembre las pautas y recomendaciones para elaborar las medidas. Sin embargo, el proceso avanza más despacio de lo esperado. El Ejecutivo preveía que la nueva regulación estaría lista en la primavera de 2017, pero todo parece indicar que los canadienses tendrán aún que esperar un par de años para consumir, cultivar y vender legalmente marihuana con fines recreacionales.

El liberal Justin Trudeau dejó claro sus intenciones de legalizar la marihuana, tanto en el ámbito medicinal como en el recreacional, incluso antes de llegar al poder. A diferencia de lo que suele ocurrir en otras ocasiones, una vez nombrado primer ministro el político comenzó a dar los primeros pasos para cumplir su promesa: en abril del año pasado, la ministra de Salud, Hame Philpott, anunciaba que habían empezado a trabajar para hacerla realidad. Preveían entonces que las medidas estarían listas para implementarse en la primavera de este año. 

Si a algún consumidor, activista, cultivador y distribuidor de cannabis o de productos relacionados canadiense le parecía larga la espera, el ritmo al que avanza el proceso sugiere que va a tener que armarse de paciencia. Lo más probable es que no vean ningún cambio sustancial este año, ni antes de finales del que viene o principios del todavía lejano 2019. Los motivos de este atraso son, esencialmente, de tipo práctico. 

Trasladar las pautas reflejadas en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Legalización y Regulación  del Cannabis, publicado el pasado noviembre, a la realidad de un país con la extensión y relevancia de Canadá no es un proceso sencillo. El equipo, integrado por nueve expertos voluntarios, había analizado las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad para redactar más de 80 recomendaciones que entregaron a los ministros de Justicia, Sanidad, Seguridad Pública y al fiscal general del Estado a principios de diciembre. 

El líder del grupo, Anne McLellan, expresaba entonces su deseo de que el documento sirviera para establecer los cimientos de un nuevo sistema regulatorio y advertía de que “la colaboración entre gobiernos, expertos, distribuidores y público es crítica para el éxito del nuevo sistema”. McLellan, que ha ejercido como ministra de Salud, Justicia y Seguridad Pública en anteriores legislaturas, sabía que la adopción de su plan requiere un cambio ideológico radical de los políticos, las fuerzas del orden y los residentes. 

Algunas de las posibles trabas para la implantación de la nueva regulación vienen impuestas por la organización territorial y la división de poderes entre las distintas provincias canadienses, así que las administraciones regionales y federal deben ponerse de acuerdo para hacer efectiva la legalización de la marihuana. La necesidad de un consenso entre todas las partes podría retrasar la constitución de una verdadera industria cannábica más que en otras jurisdicciones aparentemente más sencillas, como las de Colorado y Washington, los dos primeros estados estadounidenses en legalizar el uso recreativo de la marihuana por votación popular.

Sus votantes dieron el visto bueno a sendas iniciativas para aprobar el uso de marihuana por adultos en 2012, pidiendo que el mes de enero del 2014 fuera la fecha límite para su implantación. Sus líderes decidieron dejar libertad de movimiento a los emprendedores cannábicos para que realizaran su actividad legalmente, pero se encontraron con algunos problemas iniciales: la explosión de negocios relacionados con la venta y distribución frente al número limitado de licencias, junto con la regulación de los diferentes productos derivados del cannabis y la separación de los sectores recreacional y el medicinal, dificultaron el desarrollo del tejido económico en torno a la marihuana.

Antecedentes y expectativas

En Canadá, la regularización del consumo de marihuana medicinal no es algo nuevo: fue el primer país del mundo en instaurar un programa gubernamental para su administración con fines terapéuticos a enfermos crónicos o terminales. El sistema, sin embargo, ha sufrido algunos cambios. A finales de 2013, por iniciativa del anterior Gobierno, del conservador Stephen Harper, el Estado dejó de producir marihuana y el mercado se abrió a empresas privadas, que debían obtener cumplir ciertos requisitos y obtener la correspondiente licencia. Asimismo, la solicitud formal a Ottawa dejó de ser necesaria; basta un documento expedido por el médico para que los pacientes puedan comprar su tratamiento, pero estos no podían cultivar en su propia casa. 

Estas nuevas medidas, que entraron en vigor en marzo del año siguiente, supusieron un duro golpe para los usuarios que tenían sus propias cosechas. Una situación que consiguieron revertir gracias a un grupo de autocultivadores que llevó el caso a los tribunales: el Tribunal Federal le dio la razón y se modificó de nuevo la ley para legalizar el autocultivo. 

En el caso de su uso recreacional todavía no se conocen las medidas exactas que aplicará el Ejecutivo, pero los gobiernos provinciales canadienses tendrán potestad para regular el cultivo de marihuana y el derecho a establecer medidas y estándares más estrictos en los escalones más bajos de la cadena de producción.  Además, podrán aprobar las demandas impuestas por los productores que denuncien ineficacias en el sistema y conflictos entre los distribuidores de marihuana medicinal y los establecimientos centrados en su venta para ocio. 

Así, las provincias y territorios regularán la distribución de marihuana con fines recreacionales y establecerán las normas y el marco regulatorio para el periodo posterior a la legalización. Pero aún deben esperar a que el Gobierno federal introduzca la regulación global prometida para la primavera de 2017. Y, de todas formas, tampoco pueden avanzar mucho más allá de establecer las primeras directrices. Es muy poco probable que se apruebe ningún proyecto de ley antes de otoño de este año, momento en el que las provincias deberán presentar sus propias iniciativas que complementen la normativa.

Una de las cuestiones que vuelve a estar sobre la mesa a nivel provincial es la decisión de permitir que las empresas privadas tomen las riendas, restringir la distribución a establecimientos controlados por el gobierno o enfocar las leyes para favorecer solo a grandes corporaciones.

Retomando el símil estadounidense

Canadá se encuentra ahora en la situación en la que estaban Colorado y Washington en noviembre del 2012, cuando acababan de aprobar la legalización de la marihuana con fines recreativos. Adaptando los tiempos a la realidad canadiense, las estimaciones sugieren que habrá que esperar al 2019 para que las empresas del sector cannábico puedan solicitar las licencias de actividad y arrancar sus negocios libremente. Un periodo que podría incluso quedarse corto, dado el largo camino que todavía queda por delante y la posibilidad de que el Ejecutivo retrase el proceso o alargue aún más los plazos. 

De hecho, la misma McLellan advertía al comienzo del proceso de la necesidad de ir despacio en la reforma de las leyes sobre el uso de la marihuana. La líder del Grupo de Trabajo sobre la Legalización y Regulación  del Cannabis explicaba en una entrevista una de las lecciones extraídas de otros casos: “Es mejor tomarse tiempo porque es mucho más difícil echar algo para atrás que comenzar siendo un poco más restrictivo para luego relajar las cosas a medida que se aprende”. Por lo que se ve, los canadienses van a tener que armarse de paciencia hasta ver que el cannabis es completamente legal en su país, y bajo qué condiciones.

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Anexo: 10 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Legalización y Regulación del Cannabis al Gobierno de Canadá

– Exigir que todos los productos cannábicos incluyan etiquetas que identifican los niveles exactos de THC y CBD.

– Un límite de cuatro plantas por usuario para autocultivo.

– Un límite máximo de altura en las plantas de 100 cm.

– La prohibición de los procesos de fabricación o extracción peligrosos.

– Uso de medidas de seguridad razonables para evitar el robo y el acceso de los jóvenes.

– Un límite de 30 gr. para la posesión personal no médica de flores secas de cannabis en público.

 -Diseñar un régimen fiscal basado en la potencia de THC para desalentar la compra de productos de alta potencia.

– Aplicar restricciones generales a la publicidad y promoción del cannabis y sus productos asociados, por cualquier medio, incluido el patrocinio de las marcas, similar a las restricciones a la promoción de los productos del tabaco.

– Prohibir los productos mezclados, por ejemplo, las bebidas alcohólicas de cannabis o los productos derivados del cannabis con tabaco, la nicotina o la cafeína.

– Trabajar con los gobiernos provinciales y territoriales para determinar un régimen fiscal que incluya la distribución equitativa de los ingresos.