Si dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, en España podemos presumir de tener políticos que se empeñan en caer una y mil veces ante el mismo escollo. Pese a que ya ha quedado patente que perseguir a los fumadores no es la solución, las nuevas leyes del Gobierno de Rajoy no buscan regular el consumo de cannabis sino aumentar las sanciones para castigar con mayor dureza a los que lo consumen.

España, uno de los países más golpeados por la crisis, cuyos mandamases presumen ante sus rivales políticos de avistar “brotes verdes” al final del túnel, es sin embargo uno de los países más reacios a permitir que sus ciudadanos disfruten del consumo de maría. Tanto al otro lado del Atlántico como en Europa, son muchos los dirigentes que han decidido dar el salto al siglo XXI, pero en España el Gobierno se ha propuesto endurecer las multas por consumo y cultivo de cannabis con su nueva Ley de Protección para la Seguridad Ciudadana, también conocida como ‘Ley Mordaza’.

 Al tiempo que la experiencia nos demuestra, cada vez con más ejemplos, que resulta más eficaz regular que perseguir el consumo de cannabis, el gobierno de Mariano Rajoy parece dispuesto a seguir adentrándose en la senda del castigo y la represión. Ya en 2011, cuando la guerra contra la droga iniciada por el presidente estadounidense Richard Nixon cumplía 40 años, la Comisión Global de Políticas contra la Droga apuntaba hacia una nueva línea de actuación. “La guerra contra la droga está siendo un fracaso, no podemos pretender que funcione”.

 Así de tajante se mostraba este comité formado por expresidentes de distintos gobiernos, empresarios y personalidades de ámbitos muy diversos, del que forman parte, entre otros, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Fernando Henrique Cardoso, George Shultz o Javier Solana. Su propuesta dista mucho de la receta que, hasta esa fecha, habían aplicado la mayoría de gobiernos.

 

Siguiendo estos consejos, países como Uruguay, Estados Unidos, México o Argentina han decidido virar el rumbo y poner en práctica nuevas estrategias para atacar al mercado negro y, de paso, sacar rédito a un negocio sumamente rentable. Pero en España no. En nuestro país los políticos prefieren aumentar las sanciones a aquellos que sean descubiertos en mitad de la calle con marihuana encima. Poco importa si es para su venta o para su consumo. Las penas mínimas, que la anterior ley tasaba en 300 euros, ahora serán de 1.001 euros.

 Visto lo visto, que el consumo privado sea legal no significa gran cosa. La norma que pretende aprobar el Gobierno – y recordemos que tiene mayoría absoluta – también contempla multas a quien tenga una planta de marihuna en casa para el autoconsumo.

Aún no ha quedado claro si será necesaria una orden judicial para que las autoridades accedan o bastará con que un agente de la Policía pueda ver la planta desde la calle, si es que estuviera en el balcón. En cualquier caso, todo el que tenga una planta de maría en su piso podría tener que rascarse el bolsillo con multas que va desde los 1.001 a los 30.000 euros.

 Y ahí no acaba todo. En los planes del Ejecutivo también está modificar la Ley de Tráfico para imponer sanciones a los conductores que den positivo. Da igual que hayan consumido más o menos, que sean o no fumadores pasivos: la más mínima sustancia detectada será motivo de multa.

 

 Regreso al pasado

 No parece haber ninguna razón lógica para remar contracorriente, como se empeña en hacer el Gobierno de Rajoy. Mientras en Estados Unidos se avanza a pasos de gigante y en América Latina son muchos los países dispuestos a arrebatar el poder a los cárteles, en España andamos por la senda opuesta. También hemos hecho oídos sordos a las medidas adoptadas por nuestros socios del Viejo Continente.

 A modo de ejemplo, cabe recordar que Suiza despenalizó en octubre la posesión de cannabis para uso personal. O que en la capital de Dinarmarca, Copenhague, se va a poner en marcha un experimento para que la propia ciudad sea la encargada de producir y distribuir la marihuana. O el caso de nuestros vecinos portugueses, que hace más de diez años despenalizaron por completo la tenencia y el consumo de maría. Incluso lo que está sucediendo en Alemania, donde 106 jueces de Derecho Penal han firmado un manifiesto a favor de la despenalización del cannabis.

 Y no solamente se trata de no ir hacia delante, sino que el Gobierno obliga incluso a retroceder a aquellas instituciones que, de ‘motu proprio’, han demostrado que es posible avanzar. Con la nueva ‘Ley Mordaza’ también se intenta poner freno a los procesos de regulación iniciados por los Clubes Sociales de Cannabis en Cataluña y en el País Vasco. En estas autonomía se ha intentado ir un paso por delante de la legislación estatal y rellenar el vacío legal existente siguiendo las pautas que han demostrado que la regulación resulta más eficaz que la persecución.

Nuestros dirigentes se afanan en continuar por un camino que no conduce a ninguna parte. Mientras los gobiernos americanos buscan su parte del pastel aprovechando los recursos naturales de los que disponen, al tiempo que reconocen los derechos de los fumadores y restan capacidad de acción a los cárteles, en España la hoja de ruta es a la inversa. Se recortan los derechos a quienes consumen cannabis y, en lugar de perseguir y apoderarse del beneficio que generan las ventas del mercado negro, buscan engordar las arcas del Estado con el dinero de quienes consumen maría.

 Con información de El País (y 2), Eldiario.es, El Periódico y Cannabis.

Fuente: lamota.org