La percepción pública en torno a la marihuana ha cambiado radicalmente, desde que era vista como un monstruo que acechaba la salud pública hasta una hierba con potencial medicinal… y lúdico

“La veía como los demás. Como algo malo, sucio, que solamente usaba gente con alguna necesidad de olvidarse de su vida”, cuenta Margarita Garfias. Hoy, convertida en activista por los derechos de las personas con epilepsia, ve la marihuana como un botiquín que mejora la calidad de vida de su hijo. En el camino ha conocido a mucha gente que fuma esta hierba y su percepción cambió: “un churro es como una copa de vino”.

La evolución de Margarita es paralela a la de México. En 2007, solo 13% de los mexicanos estaba a favor de legalizar la marihuana, pero para 2018, el cambio es radical: 43% de los ciudadanos estaba a favor de que el Estado regulara la hierba, de acuerdo con una encuesta que México Unido Contra la Delincuencia realiza desde hace más de una década.

Para documentar cómo ha cambiado la percepción pública alrededor de la mota, mexico.com entrevistó a una madre que cultiva la planta para tratar la enfermedad de su hijo; a un joven retenido ilegalmente por la policía cuando iba con un amigo que portaba menos que el límite permitido; al fundador de la revista Cáñamo; a una legisladora que lleva años estudiando el tema y a emprendedores y científicos que eligieron la marihuana como materia de trabajo.

En octubre del año pasado, la Suprema Corte sentó jurisprudencia al emitir un quinto amparo consecutivo de inconstitucionalidad a la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana. Al establecerse este quinto amparo, el Congreso está obligado a legislar para adecuar la actual ley sanitaria en el sentido de estas sentencias.

Desde finales de febrero de 2019, todo juez federal está obligado a otorgar estos amparos que permiten consumir y cultivar para consumo personal. En caso de tramitar y obtener estos amparos, los consumidores pueden cultivar y transportar marihuana siempre y cuando no tenga un sentido de comercio.

Para el resto de ciudadanos, hasta que se modifique la ley, consumir no es delito, pero sí todo lo que tenga que ver con la producción y distribución, así como portar más de 5 gramos de marihuana. Un gramo de hierba es aproximadamente el peso de un cigarro armado. Si se lleva encima más de lo permitido —depende de la cantidad—, las penas van de 10 meses a 8 años de cárcel.

Poco antes del quinto amparo, Olga Sánchez Cordero, entonces ya anunciada como secretaria de Gobernación del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, presentó al Senado una propuesta de ley que legalizaría la marihuana y regularía todo el proceso de producción, consumo, exportación y usos.

La iniciativa presentada por Sánchez Cordero contempla permitir la portación de hasta 30 gramos de marihuana, permitir su consumo en espacios públicos y el cultivo de hasta 20 plantas y 480 gramos al año para consumo personal. También ordena la creación de un Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que se encargaría de supervisar los aspectos comerciales y médicos.

Este 1 de mayo, en el Plan de Nación 2019-2024 de López Obrador, incluyó un apartado titulado Reformular el combate a las drogas. “La estrategia prohibicionista es ya insostenible”, escriben, “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas —masivos, pero personalizados— de reinserción y desintoxicación”.

Aunque se dijo que se quería sacar esta legislación en 2019, el horizonte es complicado. El primer periodo de sesiones del Congreso acaba el 30 de abril y las Cámaras volverán a sesionar hasta septiembre.

«Honestamente, no creo que lo vayan a lograr hacer a tiempo. No parece que el tema esté entre las prioridades. Sin embargo, parece que el trabajo al interior de las comisiones va avanzando hasta donde tenemos entendido”, nos cuenta Tania T. Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia.

Lo cierto es que AMLO nunca se ha pronunciado a favor ni en contra de esta iniciativa, pero tampoco ha sido su prioridad. Para Ramírez, existe una tensión entre este impulso regulatorio que se ve en el Congreso frente a las declaraciones del presidente, que relaciona el consumo de drogas con la comisión de delitos y anuncia campañas moralizantes para para el consumo de drogas.

“Yo creo que esta legislación va a pasar. Hay muchos actores como la sociedad civil, los consumidores, la industria y los intereses económicos… que están impulsando esto. Yo diría que va a ocurrir este sexenio, pero no me atrevo a decir los plazos”, reflexiona Ramírez.

Llegar a este momento político y social no ha sido fácil. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, desde abril de 2008, cuando se presentó la primera iniciativa en el Senado, 41 proyectos que tocan el tema de salud relacionado con marihuana y cannabis han estado en el Congreso. La mayoría han sido desechados o enviados a la “congeladora”.

Solo una llegó al Diario Oficial de la Federación: la que elimina la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana y la investigación científica, así como los derivados de su producción y distribución con dichos fines en junio de 2017. Luego de la publicación en el DOF, la Secretaría de Salud tenía que armonizar los reglamentos y normatividad para que pudiera funcionar la reforma, pero no se hizo.

En su lugar, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sacó unos lineamientos para poder tramitar permisos para el uso medicinal y científico de la marihuana en noviembre de 2018. Estos lineamientos, para tener validez completa, debían publicarse en el DOF. Esto nunca sucedió, pero la Comisión comenzó a tramitar y liberar los permisos.

Al parecer de expertos consultados entonces, solo aumentaban los requisitos para quienes buscaran desarrollar medicina en México. Alejandro Madrazo Lajous, abogado e investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, dijo a mexico.com que Cofepris buscaba obstaculizar el acceso a la medicina cannábica. Estos lineamientos fueron revocados a finales de marzo de este año por la nueva administración de la Comisión.

El método que ha forzado a las autoridades a actuar ha sido el de los litigios estratégicos para sentar jurisprudencia, coordinados por el colectivo SMART y México Unido Contra la Delincuencia. Ejemplos de ellos han sido los amparos para su uso recreativo, o los de Raúl Elizalde, el padre de Grace, una niña con una enfermedad que le causa convulsiones más de 400 veces al día y cuya calidad de vida ha mejorado increíblemente con medicamentos derivados de la marihuana.

De momento, desplazada por la Guardia Nacional y otros temas que prioritarios para el presidente AMLO, sigue sin haber fecha para la legalización definitiva de la hierba.

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