EL HERALDO habló con el Jefe de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia, ente que tendrá a cargo asuntos fundamentales de la reglamentación e implementación de la Ley de Marihuana Medicinal.

El jefe de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia, Javier Flórez Henao, dejó en claro en diálogo con EL HERALDO que los cultivos preexistentes de marihuana en Colombia, en principio, seguirán considerándose como ilegales, hasta que se acojan a las reglas de juego que dispondrá la reglamentación de la Ley de Marihuana Medicinal.

No obstante, el funcionario explicó que lo ideal sería aprovechar zonas del país como la Sierra Nevada y La Guajira, en el Caribe, así como el Cauca, Nariño y Meta, en el resto del territorio nacional, que son propicias para la siembra del cannabis y que pudiesen llegar a reunir estos cultivos las características que se requieren para la producción de la marihuana para fines médicos.

Flórez, sobre quien descansa gran parte de la responsabilidad de que la reglamentación -que deberá estar lista un par de meses después de que la ley en cuestión surta sus procesos de conciliación entre ambas cámaras y luego la sanción presidencial- y la implementación en lo que corresponde a la cartera judicial sean exitosas, es politólogo del Rosario, con maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Nacional, y fue director del Programa Contra Cultivos Ilícitos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial del DPS y asesor de Acción Social y del Comando General de las Fuerzas Militares. (Ver infografía sobre uilidades de la marihuana medicinal aquí)

 Javier Flórez Henao jefe de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia.

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar a la hora de la reglamentación de la Ley de Marihuana Medicinal?

El Gobierno ya tiene un avance muy significativo con el decreto reglamentario que sacamos el año pasado y las resoluciones tanto del Ministerio de Salud como del Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, que nos han dado vía libre para poder tener mayor experiencia y mayor capacidad para sacar prontamente una resolución.

¿Qué concluyeron de estos ejercicios previos de reglamentación?

Que hay que tener en cuenta temas de seguridad no solamente física o de Policía y Fuerzas Militares, sino también para lograr una calidad en los productos que van a consumir los colombianos. Ese es un tema esencial que nosotros identificamos. Lo segundo es la trazabilidad: tenemos que tener la capacidad como gobierno de hacer una trazabilidad permanente desde el momento del cultivo hasta la venta, ya sea interna o a través de la exportación de estos productos. Tercero: los controles administrativos y operativos, porque esos nos van a asegurar los temas de la seguridad y la trazabilidad. Cuarto: el Gobierno no podía cobrar por el licenciamiento porque se lo impedía la Ley 30 (de Estupefacientes), pero con la nueva ley ya tenemos la capacidad de hacer los cobros a los licenciatarios que quieran vincularse a este proceso, y eso nos da garantías de sostenibilidad de los procesos de licenciamiento. Quinto: las sanciones, porque no teníamos la capacidad de sancionar a través del decreto y con la nueva ley podemos aplicar sanciones que no sean solamente la pérdida de la licencia, sino sanciones ya administrativas fuertes para quienes desvíen estos productos para fines ilícitos. Y sexto: el tema de la nueva arquitectura institucional, ya que el decreto basaba todo en licencias para cultivo y semillas en el CNE, que es un comité consultivo y no una entidad pública y eso hacía difícil los procesos de licenciamiento. Con la nueva ley ya esa facultad y esas funciones en el tema de cultivo y semillas ya las tiene la Subdirección de Control de Sustancias Químicas y Estupefacientes, que pertenece a mi Dirección. Eso nos va a permitir mayor celeridad y capacidad administrativa.

Usted ha mencionado dos de los temas que no contemplaba el decreto: la tarifa que les cobrarían a quienes quieran cultivar, procesar y comercializar el cannabis medicinal y las sanciones para quienes incumplan las reglas, ¿qué tarifa se ha pensado, cómo se usarían estos dineros y cuáles serían las sanciones?

Con las tarifas tenemos la posibilidad de hacer los cobros a partir de la información de nuestros licenciatarios. No hay una tarifa específica sino que se construye con base en la información que ellos nos allegan para la licencia, dependiendo de la magnitud de la intervención, de los sitios donde va a ser, del tipo de profesionales que se necesitan, liquidamos la tasa y con esa liquidación se le cobra al particular. Es muy parecido con lo que pasa con el licenciamiento ambiental de la Anla: no hay tarifas específicas sino que se basan en el tipo de licencia y el tipo de actividades que tiene que hacer el gobierno para hacerle control a esa licencia. Y la ley prevé que parte de esto se vaya a prevención del consumo de sustancias sicoactivas, también a financiar proyectos de investigación para aprovechar los usos médicos del cannabis en universidades, y otra parte para sostener la estructura que se necesita para proceder al licenciamiento.

¿Y en cuanto a las sanciones administrativas y si pasa el tema en algún momento a lo penal?

Si alguien comete algo ilegal será demandado ante las autoridades competentes, pero lo que se contemplan acá son sanciones pecuniarias y de otro tipo para disuadir a la gente para que no use este mecanismo para fines ilícitos. Eso se va a regular a través del decreto que se va a expedir luego de que ya sea sancionada la ley por el presidente.

¿Cuántas hectáreas o plantas tiene Colombia aprobadas para cultivo en la Jife (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) y cuántas pediría con la nueva ley?

La Jife no nos pide un hectareaje sino kilogramos del derivado que se va a consumir, entonces a partir de esos derivados y ese permiso interno a o para exportación se hace la solicitud de cupos. En este momento no tenemos solicitudes porque no tenemos consumo regulado de marihuana medicinal. Pero es un formato muy sencillo que a través de la producción de derivados intuye cuantas hectáreas se necesita para ese cultivo. Lo que uno hace es un cálculo para la producción de derivados cuántas hectáreas se necesitan, y así calculamos el cupo que les vamos a dar a las personas que pidan las licencias. Esto es en cascada, ya que para poder dar una licencia para cultivo, tiene que tener antes la licencia de producción o el compromiso de alguien que tenga esa licencia sobre el cultivo que yo estoy licenciando. Nadie va a tener licencia de cultivos sin que tenga garantizada la compra de su producción o que sea algo encadenado donde sea dueño de la licencia de producción o de cultivo. Y eso nos va a garantizar que toda la producción en el territorio nacional tenga garantizada una compra efectiva para producir los derivados de esta planta.

¿Cuáles son las zonas de Colombia donde hay mayor cantidad de cultivos de marihuana y qué va a pasar con estos cultivos que son ilegales si entran a jugar en la nueva ley?

Los cultivos preexistentes se consideran ilegales, porque no podemos garantizar la calidad de todos los cultivos ya que estaban para fines distintos o no eran controlados por el Gobierno. Entonces, lo que queremos es que esas zonas empiecen con cultivos nuevos a someterse a la regulación, porque nosotros tenemos que supervisar por ejemplo que las semillas y que las plantas tengan las concentraciones de THC (principal constituyente sicoactivo del cannabis) que se necesitan para hacer medicamentos. Por lo tanto los cultivos preexistentes no podrían funcionar para estos propósitos, pero sí los territorios, como el Cauca, partes de Nariño, Meta, Sierra Nevada, que tienen presencia importante de cultivos de cannabis. En ese sentido serian las zonas más propicias para hacerlo, pero no hay que descartar otros territorios, porque el cannabis en condiciones controladas puede ser producido inclusive aquí en la sabana de Bogotá: no hay limitaciones geográficas. Y lo que queremos es hacer el mejor modelo para que se garantice la sostenibilidad, porque lo que no puede pasar es que empecemos a funcionar de mala manera y que luego se convierta esto en el peor enemigo y que tengamos que retroceder estos pasos de avanzada que hemos venido dando.

¿No hay una disyuntiva entre lo que dice usted acerca de que estos cultivos que ya existen no se pueden usar para la marihuana medicinal y lo que plantea el autor de la ley, el senador Juan Manuel Galán, en el sentido de que la idea es precisamente incorporar a estos campesinos de los cultivos ilícitos en esta siembra legal?

No hay ninguna disyuntiva. Esos mismos campesinos que hoy están produciendo marihuana, sobre los que no tenemos ningún tipo de control, lo que deben hacer es cultivar marihuana a través de los procedimientos que son viables. Es decir, lo que queremos es integrarlos, y eso lo apoyó el Gobierno en el proyecto. La idea es que esto se convierta en un modelo de desarrollo para muchos sectores del país. Esos campesinos lo que tienen que hacer es someterse al proceso de licenciamiento y preparar sus tierras para cumplir con los requerimientos técnicos. Estoy seguro de que esto va a ser un proceso importante por ejemplo en el Cauca, en Dibulla, en La Guajira. Y lo que vamos a tener es una capacidad importante para una producción controlada licita y va a ser un gran avance de la política de drogas en Colombia.

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