Un recurso contra la Ley de Adicciones obliga al Consistorio a frenar la normativa que preparaba

La regulación de los clubes de cannabis prevista por la Ley vasca de Adicciones ha levantado ampollas en el Gobierno de Rajoy, que ha conseguido paralizar la legislación autonómica tras presentar un recurso en el Tribunal Constitucional. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Bilbao se ha visto obligado a frenar la normativa urbanística reguladora que llevaba meses preparando en colaboración con los clubes sociales de cannabis ya existentes en la villa. El pleno del próximo jueves aprobará esta paralización por imperativo legal aunque, paralelamente, levantará la suspensión cautelar para otorgar licencias a las asociaciones de este tipo.

“Mientras el Tribunal Constitucional resuelva, nosotros no podemos aprobar nuestra propia normativa, por lo que no tiene sentido que consumamos el tiempo que tenemos de suspensión de licencias. Es la herramienta con la que trabajamos cuando vamos a aplicar una nueva regulación urbanística”, expuso ayer Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, en relación con el acuerdo que se alcanzará en el pleno. De esa forma, cualquier club podría solicitar una licencia sin someterse a ninguna limitación añadida.

El Ayuntamiento de Bilbao ha realizado sendos contactos desde que en el pleno del pasado septiembre se acordará elaborar una normativa para regular los clubs sociales de cannabis. En palabras de Abaunza, se han entrevistado con tres asociaciones que siguen legalizadas en la villa, las cuales han remitido “aportaciones en la misma línea”. En base a ello, el Consistorio había empezado a trabajar en una propuesta de normativa. Sin embargo, “ese trabajo se dejará en suspenso y en función de lo que se resuelva se retomará”, concretó el edil.

Con esta normativa, el Consistorio pretendía bajar la lupa que la Ley de Adicciones de Lakua establece para los clubes sociales de cannabis legalmente reconocidos. Así, el objetivo consistía, según Abaunza, “en regular urbanísticamente dónde se pueden ubicar, qué instalaciones, dimensiones o ventilación deben tener…”. Mientras se prepara la normativa, no se pueden conceder licencias “para que nadie se registre antes de que la norma esté en vigor”, aunque con la paralización de la normativa, esta cláusula también se suspende.

Por su parte, los clubes sociales de cannabis han acogido de buen agrado la retirada de esta suspensión de licencias. “Los clubes existen y funcionan. En algunos casos, los tribunales les están permitiendo que funcionen”, afirmó ayer a DEIA Martín Barriuso, presidente de la Asociación de Cannabis Pannagh, que actualmente se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional dirima sobre un recurso de amparo que admitió a trámite contra una sentencia del Tribunal Supremo, en la que se condenó a cuatro miembros de dicha asociación. “En el ámbito penal, la inseguridad sigue siendo grande, hay muchos frentes abiertos. Aunque hay una serie de instituciones que pueden seguir funcionando dentro de sus competencias sin esperar a lo que diga el Constitucional sobre la Ley de Adicciones”, recalcó Barriuso.

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