Alexis Bortell, una joven tejana de 11 años, ha presentado una demanda contra el fiscal general de los Estados Unidos por la postura del Gobierno federal ante el uso de la marihuana terapéutico. Así, la pequeña activista se convierte en la cara visible de los denominados refugiados del cannabis medicinal, personas que han tenido que emigrar de estado en busca de una ley que ampare los tratamientos cannábicos que necesitan. En el caso de Bortell, ha tenido que mudarse con su familia a Colorado para llevar una vida normal a través del aceite cannábico, una medicina que ha conseguido eliminar los ataques epilépticos que sufría desde pequeña.

 

Veintinueve estados y el Distrito de Colombia, en Washington D.C, ya cuentan con una ley que regula la marihuana medicinal, y otros ochos estados han aprobado el uso recreativo. No obstante, este avance estadounidense no está llegando a tener plenos efectos, puesto que el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal. Una situación que está obligando a muchas personas a abandonar su hogar y migrar a estados donde la ley contemple sus enfermedades y sus tratamientos con la planta.

El caso de Alexis Bortell, con tan solo 11 años de edad, es especialmente complicado, puesto que lleva mucho tiempo con esta lucha y, pese a conseguir que Texas avanzase en la regularización del cannabis medicinal, tuvo que marcharse a Colorado. El gobierno republicano de su estado aprobó el uso de aceites de bajo contenido en THC o CBD para casos de epilepsia intratable como la de Bortell. Pero la baja dosis no era suficiente para paliar los ataques de esta pequeña, que necesita un tratamiento con todas las cualidades de la planta, incluidas altas dosis de THC.

Esto ha obligado a la familia Bortell a mudarse al estado de Colorado, donde la ley le permite obtener el tratamiento completo. Aunque Alexis ahora puede recibir la medicina que necesita, y por lo tanto su salud prospera, su situación de migración forzosa no le está haciendo la vida fácil. En Texas, Alexis podría ir a la universidad gratis a través del Departamento de Educación Estatal, algo que en Colorado no puede hacer. Además, esta dependencia medicinal les impide a ella y a sus padres viajar a otros estados por temor a que los progenitores sean procesados por posesión de cannabis o les retiren la custodia de su hija. 

Alexis ni siquiera puede visitar a sus abuelos que viven en Texas, ya que necesita tomar la medicina cada día y no puede llevarla con ella. Como la pequeña, muchos otros sufren este aislamiento por su enfermedad y se han puesto en contacto para sacar adelante esta demanda que, aunque no tiene esperanza de prosperar, está poniendo sobre la mesa su situación de ‘refugiados’ y abriendo el debate al país.

Michael Hiller, el abogado de la pequeña activista, considera que “Alexis es normal y única a la vez” dentro de las voces afectadas que han presentado el pleito contra el fiscal general.  “Es normal en el sentido de que sufre como el resto una condición médica que solo es tratable a través del uso del cannabis medicinal. Pero a la vez es extraordinaria por su valor, su franqueza y su valentía. Es la persona de once años más valiente que he conocido”, explicaba Hiller en una entrevista.

Resulta obvio que Alexis ha recibido la orientación de sus padres en todo momento, pero Hiller relata que sin su ímpetu por seguir adelante no hubiese progresado la demanda. “No ha sido una participante pasiva en absoluto, es una defensora nata, un león, es maravillosa” sentenciaba el abogado.

La guerra abierta del Gobierno federal contra el cannabis

La Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos clasifica la marihuana como un narcótico de la Lista I, lo que significa que, al igual que la heroína, su uso médico no está permitido a nivel federal. La demanda de 88 páginas, elaborada por Hiller y otros tres abogados, busca argumentar que tal designación legal del cannabis no tiene fundamento y que se trata de una problemática que podría estar incumpliendo la Constitución.

Jeff Sessions, fiscal general del Estado, es el objetivo de esta demanda por las numerosas declaraciones que ha hecho al frente del Departamento de Justicia desde que Trump que está en el poder. Sessions ha mostrado su clara oposición a la planta, alegando que “la gente buena no fuma marihuana” y amenazando con usar la ley federal para acabar con las empresas cannábicas que actúan en los estados donde la planta es legal. Contra la ola de legalización que está recorriendo Estados Unidos, Sessions se erige como la mano dura del gobierno de Trump, poniendo todo su empeño en perseguir de forma muy contundente.

Junto a la pequeña Alexis Bortell, los demandantes que se han sumado al pleito contra Sessions son: Marvin Washington, un exfutbolista de la NFL que no puede participar en el programa federal de pequeñas empresas para hacer crecer su empresa de medicamentos cannábicos; José Belén, un veterano de guerra que no puede recurrir a los servicios médicos federales para obtener marihuana con la que tratar su trastorno de estrés postraumático; el padre de Jagger Cotte, un niño de seis años que padece síndrome de Leigh que precisa tratamientos cannábicos, y la Asociación Cultural del Cannabis, que representa a un gran colectivo afroamericano que cree que las políticas de la Casa Blanca están enraizadas en el racismo.

“Esta demanda va en beneficio de decenas de millones de estadounidenses que requieren, pero no pueden obtener con seguridad, cannabis para el tratamiento de sus enfermedades, cuyo éxito depende de las propiedades curativas de la planta”, explica el texto del pleito.

El hecho de que el fiscal general busque revertir todo el terreno avanzado ha movilizado a ciertos sectores de la sociedad como el que representan Alexis Bortell y los suyos, porque Sessions quiere bloquear también el uso de fondos federales para evitar que los estados implanten sus propias leyes, como las que han legalizado el uso del cannabis. Para ello se apoya en argumentos personales y no científicos como supuestos graves efectos en la salud o el aumento del crimen. “Creo que sería imprudente para el Congreso restringir la mesura de nuestro departamento para financiar procesos particulares, justo en medio de […] un potencial aumento a largo plazo de la violencia y el crimen”, espetó Sessions en una de sus intervenciones en la Cámara.

Las declaraciones del fiscal general son la enésima estigmatización sobre una comunidad que, al igual que demuestran historias como las de Alexis, solo quiere vivir con normalidad como el resto. Una guerra y una cruzada del Gobierno sobre el cannabis que está afectando de pleno a familias e individuos que necesitan de verdad la marihuana con fines médicos.

Fuente Lamota.org